En 2020 se publicó en el Diario Oficial de Chile un decreto del Ministerio de Transportes que permite la conversión de vehículos particulares para que funcionen con gas natural. El Ministerio de Transportes lo destacó porque con los vehículos de gas natural (GNC) "se puede conseguir hasta un 35% de ahorro respecto a la gasolina".

El permiso permite la circulación de vehículos ligeros y medianos cuyos motores hayan sido modificados para utilizar GNC como combustible, "siempre que su antigüedad no supere los cinco años y que la modificación para el modelo o tipo de vehículo haya sido certificada por el Centro de Control y Certificación de Vehículos (3CV) en el nuevo vehículo", mientras que para los vehículos que presten servicios de taxi, la antigüedad máxima de cinco años se ampliará a siete.

Cada vehículo debe ser revisado en estaciones de inspección técnica que dispongan de equipos de medición automática, control de información centralizado y certificación de que su modificación especial de GNC se corresponde con la modificación que ha sido certificada por 3CV.

"La antigüedad declarada debe calcularse como la diferencia entre el año en que se realizó la modificación y el año del vehículo inscrito en el Registro de Vehículos Automotores (RVM) del Servicio de Registro Civil e Identificación," - dice el boletín oficial.

Actualmente existen alrededor de 25 millones de vehículos de gas natural comprimido (GNC) en las carreteras del mundo, una situación muy distinta a la de Chile, donde la flota de GNC se limita a unos 8.500 vehículos, entre taxis y flotas comerciales, de los cuales 5.500 circulan en Santiago y el resto en Punta Arenas. En cuanto al transporte público, sólo la ciudad sureña de Punta Arenas cuenta con una flota de 83 autobuses de gas natural en funcionamiento desde mediados de 2010.

Una de las principales razones de esta baja participación es el diferente tratamiento fiscal del GNC y del gasóleo en nuestro país. Según la Ley 18.502 de impuestos especiales sobre los combustibles, un vehículo de gasolina paga anualmente un 60% más de impuestos que un vehículo de gasóleo. Es decir, se "premia" al combustible más contaminante con un impuesto menor, una contradicción difícil de entender desde el punto de vista medioambiental.